Estimado Sr. Rector:
Le agradezco sinceramente su respuesta al escrito remitido por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo en relación con la Cátedra CIRRCE de la Universidad de Extremadura.
Comparto plenamente con usted la importancia de la investigación científica rigurosa y la necesidad de continuar avanzando en la prevención y el tratamiento del tabaquismo y de sus consecuencias cardiovasculares, oncológicas y respiratorias, ámbitos todos ellos prioritarios para la salud pública.
Precisamente por ello, y desde el máximo respeto institucional y académico, considero oportuno señalar que la preocupación expresada por numerosas sociedades científicas, entidades de salud pública y profesionales sanitarios no se dirige tanto al debate científico sobre determinadas estrategias terapéuticas o de reducción del riesgo, como al problema estructural derivado de la financiación de una cátedra universitaria pública por parte de una compañía perteneciente a la industria tabaquera.
En este sentido, el núcleo de la preocupación no reside en limitar líneas de investigación ni en cuestionar la libertad académica, principios esenciales de toda universidad, sino en preservar la independencia percibida y real de las instituciones académicas y sanitarias frente a intereses comerciales cuya actividad está vinculada a productos responsables de una elevada carga de enfermedad y mortalidad.
El artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, ratificado por España, no constituye únicamente una declaración genérica de intenciones, sino un principio ampliamente asumido en el ámbito internacional de la salud pública, orientado precisamente a evitar situaciones de interferencia o influencia de la industria tabaquera en políticas sanitarias, formativas y científicas. Las directrices de aplicación de dicho artículo señalan expresamente la necesidad de extremar la prudencia en las relaciones institucionales con esta industria, incluyendo aquellas que puedan afectar al ámbito académico y universitario.
Por ello, la inquietud manifestada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales no debe interpretarse, a nuestro juicio, como un rechazo a la investigación ni al debate científico, sino como una llamada de atención sobre la especial prudencia que requiere cualquier colaboración institucional con una industria cuyo historial de interferencia en políticas de salud pública ha sido ampliamente documentado.
Asimismo, la reciente organización de actividades centradas específicamente en estrategias de “reducción de daño” y productos alternativos de nicotina en el marco de la cátedra ha generado preocupación en parte de la comunidad científica y sanitaria al coincidir con líneas estratégicas promovidas desde hace años por la propia industria tabaquera.
Conviene asimismo señalar que la evolución del tabaquismo en España durante las últimas décadas muestra precisamente el impacto positivo de las políticas integrales de control del tabaco promovidas por la Organización Mundial de la Salud y por numerosas instituciones sanitarias nacionales e internacionales.
La prevalencia de consumo ha disminuido de forma significativa desde comienzos de siglo gracias a medidas como los espacios libres de humo, el aumento de la fiscalidad, las restricciones publicitarias, las advertencias sanitarias, las campañas preventivas, la regulación progresiva del empaquetado y la mejora del acceso a intervenciones de cesación tabáquica. Esta reducción ha sido especialmente marcada en aquellos países y regiones donde dichas medidas han sido aplicadas con mayor intensidad y continuidad.
En este sentido, numerosos expertos e instituciones independientes han señalado que las dificultades persistentes no reflejan el fracaso de las políticas clásicas de control del tabaquismo, sino más bien la necesidad de reforzar e implementar plenamente medidas cuya eficacia continúa ampliamente respaldada por la evidencia científica.
Reiterando mi respeto a la autonomía universitaria y al trabajo de los profesionales implicados, deseo trasladarle que el objetivo de estas reflexiones no es otro que contribuir, desde el ámbito sanitario y académico, a preservar la confianza de la ciudadanía en la independencia de nuestras instituciones públicas y en el compromiso de estas con la protección de la salud pública.
Confiamos igualmente en que este debate pueda seguir abordándose desde el diálogo constructivo entre el ámbito académico y las organizaciones comprometidas con la salud pública.
Reciba un cordial saludo,
Noa Rey Torres
Presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
