El consumo de tabaco y nicotina es la principal causa de muerte prematura evitable en España: ocasiona la pérdida de más de 60.000 vidas al año y un coste humano, familiar y económico ingente. Para la pandemia del tabaquismo no hay vacuna, pero sí tratamiento y prevención a través de la actuación de la ciudadanía, gracias a sus representantes gubernamentales y no-gubernamentales.
A comienzos de la tercera década del siglo XXI, en el que nuestro sistema nacional de salud se encuentra cada vez más desbordado –por el envejecimiento de la población y por la presencia de epidemias víricas relativamente inesperadas– tratar las enfermedades asociadas al consumo de tabaco y nicotina supone un sobreesfuerzo, en gran parte evitable. Conseguir reducir la prevalencia de tabaquismo a un porcentaje residual a lo largo de la próxima década –además de mejorar notablemente la salud poblacional− se puede traducir en un alivio de la carga de trabajo de nuestro sistema sanitario y en una reducción del sobrecoste que suponen las patologías asociadas.
España ha firmado y ratificado el primer tratado universal de salud pública, el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT). Debe también por ello actuar de forma contundente para cumplir con el objetivo de este: proteger a las generaciones presentes y futuras frente a las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. Algo que debemos esforzarnos por conseguir sin reparos, sin restricciones, y al margen de las injerencias de intereses económicos, poniendo de forma clara y contundente la salud pública, en su más amplio espectro, por encima de otros intereses particulares, por muy poderosos que estos sean o puedan ser.
A pesar de los esfuerzos realizados para controlar el tabaquismo, como las leyes de 2005 y 2010, la prevalencia del tabaquismo en España sigue siendo elevada, y especialmente preocupante entre la población joven y adolescente. A los 18 años, la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días es del 40,9% en las chicas y del 32,2% en los chicos.
Mientras que la mayoría de los países de la Unión Europea definen, avanzan y consolidan sus estrategias a corto y largo plazo en la lucha por el control del tabaco, España parece acabar cediendo a los intereses de la industria tabacalera, posponiendo la protección del derecho a la salud de la ciudadanía. Un ejemplo a seguir es Nueva Zelanda, que se ha fijado el objetivo de que los nacidos después del 1 de enero de 2009 no puedan comprar tabaco legalmente nunca.
Ha llegado el momento de plantearse el objetivo de conseguir que el consumo de tabaco sea residual y con una tendencia marcada a desaparecer en la sociedad española. Como durante todos estos años la sociedad se ha ido empoderando, ya no solo exige la ampliación de los espacios sin humo de tabaco o aerosoles/vapores y la protección de la salud de la población, sino que también aspira a un objetivo claro de cambio, que ponga punto final al tabaquismo, y que marque cada una de las pautas y acciones, de las políticas y normativas a favor de la salud y contra los intereses y actuaciones de una industria que daña la salud y bienestar de la población.
